Víctor Villar Epifanio
Víctor Villar Epifanio

Consideración del asociacionismo como institución básica del Estado

Ed. Publicoscopia (www.publicoscopia.com), 27 de agosto de 2013

 

En sus artículos 6 y 7, la Constitución de 1978 consagra la importancia los partidos y los sindicatos y su actividad. Se considera que los partidos políticos son clave para la participación ciudadana, así como los sindicatos y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Pero…, ¿por qué las asociaciones sociales no tienen esa misma consideración?


            En primer lugar. Al menos en el campo de la discapacidad, el asociacionismo ha derivado en meras organizaciones asistenciales y clientelistas. Esto ha hecho que aquello que deberían ser derechos de las personas con discapacidad, se han convertido en “graciosas concesiones de las administraciones”. Así, mientras la clase obrera o el colectivo LGTB han conseguido sus conquistas sociales, a nosotros nos han venido prácticamente dadas, con mejor o peor resultado. Como máximo se ha realizado peticiones, (que no reivindicaciones), de despacho, las cuales, algún político bienintencionado luchó en algún momento.


            En segundo lugar. Las materias sociales, especialmente la discapacidad, desafortunadamente tienen menor consideración que las económicas, laborales o de partido. Aunque afortunadamente esto está cambiando poco a poco, estas materias desde el poder político siempre se han considerado materias “marías”, materias en las que hay que limitarse a cubrir el expediente. Por eso, siempre se buscaba un cargo o un militante, “especialmente sensible”, normalmente una mujer, a la que se la cargaba el “San Benito”, como si hacer beneficencia se tratase. 


            En tercer lugar. El asociacionismo, desde el inicio de la democracia se ha estructurado de acuerdo a ese principio asistencial. De ese modo, se han creado monstruos paradministrativos que lo último que quieren es reivindicar nada, por intereses laborales o simplemente por pura inercia burocrática.


            Por todos estos motivos, aquellas organizaciones que deberían ser esenciales para la participación ciudadana, han pasado a ser, en el mejor de los casos, empresas de servicios. Por lo tanto, los derechos concedidos, (que no adquiridos), pueden ser eliminados de igual manera que se concedieron y las Plataformas que intentan defenderlos, ven como tienen enfrente a monstruos asociativos.


            Por eso, hoy por hoy es imposible defender el Estado del Bienestar, cuando las organizaciones que tienen que defenderle no cuentan con la suficiente autoridad.

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